Uber y taxis

Hoy los taxistas están en huelga. Tienen razón en que no es justo que ellos tengan que pagar altos impuestos y licencias para operar mientras otros pueden hacerles competencia sin pagarlos, pero se equivocan pidiendo la prohibicón de Uber y más regulaciones. La solución es ABOLIR las licencias de taxi y toda la regulación del sector. Abrirlo totalmente a la competencia y devolver el dinero de las licencias a los taxistas. ¿Quién saldría perdiendo con esto? Las administraciones que recaudan esos impuestos y luego malgastan el dinero. Saldrían ganando todos los consumidores, que tendrían una oferta mucho más amplia y precios mucho más competitivos. En países menos desarrollados tienen un transporte baratísimo y a cualquier hora se encuentra enseguida a alguien que le lleve a uno donde quiera por poco dinero. No tienen esta perversa regulación que perjudica al consumidor.

Las cortas patas del prohibicionismo

Los socialistas son puritanos y quieren el bien de la humanidad. Están contra el alcohol. Son secos. Reprochaban al zarismo su política de embrutecimiento del pueblo mediante el fomento de la embriaguez y la instauración del régimen de libertad absoluta que reinaba en el campo de la venta de vodka. Durante la guerra, el Estado había convertido en privilegio oficial la industria de la fabricación del famoso alcohol.

El triunfo de la Revolución instauró, naturalmente, en Rusia, el régimen seco. La fabricación y la venta de alcohol fue prohibida draconianamente. Se vio, sin embargo, que después de las restricciones no disminuyeron las borracheras. Al contrario: se veían como antes y presentaban un aspecto más lamentable, como si se emborracharan con algo más fulminante, más diabólico y más directo. En efecto: la prohibición había hecho surgir una serie de fábricas clandestinas de vodka, las cuales extraían el vodka de materias inferiores. Las fábricas fueron cerradas y los fabricantes encarcelados. Pero esto no disminuyó en absoluto el número de borracheras. Llegaron, los dominados por el vicio, encontrándose perseguidos, a fabricar el vodka ellos mismos y utilizando materias no ya inferiores, sino absurdas. Salió un vodka casero de efectos terribles, dinamita pura. El Estado se consideró incapaz de luchar contra el flagelo. Decidió abandonar.

Lo escribió Josep Pla en 1925, después de viajar varios meses por Rusia y otros muchos países europeos. Sus crónicas sobre esos viajes son realmente amenas e instructivas. Lenin había ya muerto y Trotski era una estrella emergente. La famosa Ley Seca de EE.UU llevaba ya seis años en vigor, pero no fue derogada hasta 1933.

La historia se repite una y otra vez sin que muchos aprendan nada. El prohibicionismo tiene las patas muy cortas. La oferta acaba siempre llegando a la demanda. Siempre aparece algún iluminado intentando erradicar el alcoholismo, las drogas o la prostitución mediante prohibiciones. Siempre fracasa. Las transacciones voluntarias continúan prodiciéndose. En la clandestinidad, abriendo paso a las mafias. Los Estados dilapidan una cantidad gigantesca de recursos persiguiendo a los traficantes pero en ningún caso logran detener el comercio. Luego no tienen medios ni tiempo para actuar contra los ladrones, que campan a sus anchas en países como España.

Dejen de causar daño queriendo proteger a los individuos de ellos mismos. No es posible organizar la sociedad mediante mandatos coactivos. El constructivismo racionalista, como explica Capella, es en realidad un romanticismo irracional.

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El despropósito de las "inversiones" públicas

"¿Por qué son de duración limitada? Muy fácil, porque se han creado para proyectos sin recurrencia, que una vez acabados no aseguran su sostenibilidad ya que no generan ingresos. Y, aunque los generaran, no lo harían en cuantía suficiente para recuperar la inversión, puesto que de ser proyectos rentables y sostenibles los hubiera acometido la iniciativa privada.

Todos los gastos de los gobiernos, por mucho que los llamen, engañosamente, inversiones, no son más que consumo de recursos. Nos lo enseña Reisman en su biblia "Capitalism". Son consumo de recursos por lo explicado en el párrafo anterior: no tienen vocación de recuperarse."

Es curioso hasta qué punto este reciente reportaje de Cuatro sobre “inversiones” públicas ruinosas viene a dar la razón a lo que escribía Ferhergon en 2009. Vean cómo han acabado esas inversiones que iban a crear mucho empleo e impulsar el crecimiento económico. Hemos malversado los recursos, los hemos dilapidado en infraestructuras que no generan ingresos, aunque políticamente quizá si fuesen rentables en su momento. AENA es el gestor aeronáutico más deficitario del mundo. Hay aeropuertos sin apenas actividad. Sólo 18 de los 48 que hay no son deficitarios. Hay estaciones de AVE que no usan ni 20 personas al día. Sólo China tiene más kilómetros de AVE que España, y sin embargo los pasajeros que lo usan en España son el 20% de los que lo hacen en Francia.

No se pierdan tampoco esta noticia sobre el primer vuelo en el aeropuerto de Lérida:

"El Airbus 320 de Vueling que ayer cubrió la nueva ruta entre Lleida y Barcelona tenía capacidad para 180 pasajeros. Solo 44 ocuparon sus asientos. Y de ellos, casi todos eran invitados del sector turístico leridano. Solo seis ocupantes pagaron billete y dos de ellos eran periodistas. Esta fue la escasa demanda de un vuelo de apenas 25 minutos con el que la aerolínea catalana espera rentabilizar su presencia en Alguaire, tras el fracaso de la ruta a París."

Y mientras en algunos sitios como el área metropolitana de Barcelona las autopistas y carreteras están colapsadas. El Estado tiene serios problemas para financiarse y estamos en riesgo inminente de quiebra. Las “inversiones” se han hecho siguiendo criterios de rentabilidad política y no económica. No donde había demanda, donde hacían falta, donde podían ser rentables, sino donde era políticamente oportuno. Es lo que pasa cuando se deja en manos de los políticos lo que debería decidir el mercado.

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Huelgas

Mucha gente sigue creyendo que se pueden imponer precios ajenos al mercado impunemente. Que si se hace la suficiente presión y se fuerza al gobierno, por ejemplo a decretar una subida de los salarios de un 15%, todo el mundo pasará a ganar un 15% más, y tan contentos. Quienes organizan y secundan huelgas como la de ayer creen que el modo de mejorar las condiciones laborales es la lucha, la coacción, hacer la suficiente presión para que la otra parte ceda. Una transacción se realiza libremente cuando las dos partes creen que salen ganando con el intercambio. Pretender forzar a la otra parte a unas condiciones que no le interesan es una estrategia condenada al fracaso. Si yo pretendo que mi empresa me pague un 15% más y ésta no cree que mi aportación a la empresa justifique ese salario, prescindirá de mis servicios y contratará a otro. Si el gobierno impide pagar un salario inferior, pero hay gente dispuesta a aceptarlo, la transacción podría hacerse en el mercado negro o la empresa podría instalarse en un lugar donde encontrase mano de obra más productiva. Pretender que el gobierno imponga unas condiciones laborales al margen de los intereses de las partes contratantes es tan absurdo como forzar al gobierno a fijar un precio máximo para el pan o como si los empresarios quisieran imponer salarios máximos.

Los salarios y las condiciones laborales mejoran debido a la competencia entre las empresas para hacerse con los servicios de los trabajadores más productivos. Por eso son mayores en Dinamarca que en Argentina, país con gran actividad sindical desde los tiempos de Perón. La inversión en capital de las empresas hace más productivos a los trabajadores. El requisito previo para que haya capital es que se ahorre. Un trabajador que lleve una máquina cosechadora puede producir mucho más que el que tenga que hacer la cosecha manualmente. Porque produce más la empresa podrá pagarle más o darle más días de vacaciones o reducirle la jornada. Esto sucede siempre que haya empresas compitiendo entre ellas. Si hubiese un único empleador como en Cuba, la empresa podría imponer salarios bajos.

Para lograr mejores condiciones laborales los sindicatos deberían procurar que hubiese cuantas más empresas mejor y que éstas dispusiesen de capital abundante para mejorar la productividad de los empleados. Justo lo contrario de lo que fomentan en España CC.OO y UG.T. No es de extrañar que tengamos en paro por las nubes y la productividad por los suelos.

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El despido ha de abaratarse

La coyuntura cambia. Los modelos productivos se agotan y mueren. Lo que era tremendamente rentable hace tres años es inviable hoy. Los agentes económicos deben poder adaptarse y anticiparse a esos cambios con agilidad. Por eso es vital que los mercados sean flexibles. Los países sometidos a fuertes rigideces están condenados al fracaso en un escenario mundial altamente competitivo y globalizado. El mercado laboral español no funciona ni podrá funcionar mientras no se flexibilice drásticamente. Nuestros cuatro millones largos de parados saben dolorosamente de eso.

Hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido, por ejemplo, a abaratar el despido. Los líderes sindicales venían diciendo que no aceptarían ninguna reforma que pasase por ahí. Políticos de la oposición hacen declaraciones altamente demagógicas e irresponsables en el mismo sentido. Sin embargo es imposible prolongar la vida de un marco legal tan rígido, tan asfixiante, que ha acabado frenando la contratación de trabajadores por el sector privado.

Pretender retrasar lo inevitable sólo contribuye a prolongar la agonía, a aumentar el periodo de parálisis e incertidumbre. España no puede permitirse seguir pagando la altísima factura del paro; los demandantes de empleo no merecen que la administración ni los sindicatos se sigan interponiendo entre ellos y los que ofrecen empleo. Los consumidores se beneficiarían de una producción mucho mayor y más variada, de bienes y servicios más baratos si esos millones de parados se integrasen en el sistema productivo. El despido debe abaratarse.

Una indemnización de despido tan alta que los empresarios no están dispuestos asumir, en nada protege al demandante de empleo. De igual forma que imponer un salario artificialmente alto no protegería al trabajador si no se encuentran empresarios dispuestos a pagarlos, ni tampoco un salario máximo artificialmente bajo protegería al empresario si los trabajadores se negasen a trabajar a cambio de él. Lo mismo para cualquier precio que se pretenda fijar coactivamente en un mercado competitivo. Es una ilusión creer que la administración puede coordinar a los agentes de manera eficiente mediante la imposición de condiciones entre ellos. Al final las únicas condiciones que valen son las que las dos partes acuerdan libremente. El desempleo sería bajo si bastase el acuerdo de un empresario y un trabajador para firmar un contrato. Si se tienen que atender también las condiciones impuestas por el Gobierno, los acuerdos serán menores; si además de las tres partes anteriores se requiere el visto bueno de los sindicatos serán aún menos, si se suman las de la patronal, la UE o las administraciones autonómicas, menos aún.

En un mercado flexible las empresas no tendrían miedo a contratar porque sabrían que podrían ajustar sus plantillas en el momento necesario. Sería posible proteger al trabajador como se hace en Dinamarca mientras se le ayuda a prepararse para otro empleo. Proteger al trabajador es compatible con la flexibilidad necesaria para competir en un mundo globalizado. No lo es empeñarse, contra viento y marea, en proteger puestos de trabajo concretos que, como consecuencia de cambios, dejan de ser rentables para las empresas, o dicho de otro modo, dejan de ser necesarios para los consumidores o dejan de contribuir a la creación de riqueza.

Las rigideces legales impiden la creación de empleo, descoordinan a los agentes, vacían las arcas del Estado y los bolsillos del contribuyente y empobrecen al conjunto de la sociedad, pues no se debe olvidar que toda prosperidad es fruto de la producción, no de la restricción. Derribemos restricciones a la producción.

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Los derechos de los panaderos

S: Gracias a la actividad gremial se han conseguido grandes avances en Ruritania en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos de los panaderos. Por fin se han superado los tiempos en que imperaban las reglas del capitalismo desmadrado.

C: Bueno, antes podía uno comprar una barra de pan por sólo 65 céntimos.

S: Eso era un precio abusivo que atentaba contra los derechos de los panaderos. Consideramos que 1,35€ por barra es un precio justo. No permitiremos la explotación de los panaderos por parte de consumidores sin escrúpulos.

C: Oiga, pero es que a lo mejor con un precio menor, habría más gente dispuesta a comprar pan y las ventas serían mayores.

S: Vamos a ver. Estamos hablando de una conquista social que ha costado mucho conseguir y no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Además el precio que hemos fijado junto con las inspecciones del gremio garantizan la calidad del producto.

C: Antes, si uno no estaba conforme con la calidad del producto podía recurrir a la competencia.

S: El contrato obligatorio de suministro (sólo para aquellos que quieran consumir pan) con un panadero de su barrio con una indemnización equivalente a 45 barras de pan en caso de rescisión es una gran conquista que nos acerca a los países de nuestro entorno. Abolirla supondría un retroceso de siete años en los derechos de los panaderos. No toleraremos que una actividad fundamental para la vida de los ciudadanos quede en manos de las fuerzas impersonales del mercado.

C: Oiga, pero hay gente que considera muy rígidas esas condiciones y compra el pan más barato a traficantes ilegales. Además éstos han proliferado espectacularmente desde que se exige una licencia del gremio para poder abrir una panadería.

S: Somos conscientes de ese problema y no escatimaremos medios para acabar mediante inspecciones y multas con el tráfico ilegal de pan. Haremos cumplir la ley y acabaremos con esos delincuentes que ponen en riesgo la salud del pueblo especulando con un producto básico para la alimentación.


Tan absurda es la argumentación de este tío imaginario del gremio de panaderos como la de los representantes de los sindicatos mayoritarios españoles. ¿Qué derechos de los trabajadores se están ustedes creyendo que defienden cuando hay más de cuatro millones de parados que no pueden acceder al empleo porque las condiciones que han fijado ustedes para la contratación son tan rígidas que los contratantes no están dispuestos a asumirlas? ¿Por qué van a querer los empresarios contratar trabajadores cuando los necesitan si cuando no los necesiten les costará un riñón prescindir de sus servicios? ¿De verdad se creen ustedes que pueden imponer condiciones y salarios al margen de la oferta y la demanda de trabajo sin consecuencias negativas para el empleo? ¿Si dicen que es la actividad sindical lo que hace subir los salarios y no la competencia entre las empresas por conseguir y retener a los trabajadores más producitivos, cómo es posible que los sueldos en Argentina o en Venezuela sean muchísimo más bajos que los que cobran los daneses?

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Derribemos barreras a la contratación

No hace falta ser liberal ni ultraliberal para saber que la rigidez del mercado laboral es dañina para el conjunto de la sociedad y nefasta para los que buscan empleo.

La economía española, al pinchar la burbuja inmobiliaria, se enfrenta a un reajuste brutal de su estructura productiva. En un país donde la construcción representaba cerca del 15% del PIB, frente al 5 ó 6% de otros países del entorno, era inevitable una fuerte destrucción de empleo desde el momento en que el stock de viviendas sin vender empezó a alcanzar niveles muy altos. Lo que sí debería de evitarse es que los sectores que deberían tomar el relevo, tengan obstáculos a la hora de contratar trabajadores y de acceder al capital. Para ello sería necesario flexibilizar el mercado laboral y dejar de desviar el capital escaso a proyectos poco productivos como los del plan E.

Actualmente, excepto los sindicalistas y los políticos más dogmáticos, poca gente discute que la carestía del despido desincentiva la contratación definitiva, que las elevadas cuotas de la Seguridad Social encarecen los costes laborales y consecuentemente reducen la demanda de trabajadores, que la negociación colectiva está desconectada de la realidad de las empresas, y que los seguros de paro generosos reducen los incentivos de los desocupados a buscar empleo.

Es un grave error pretender combatir el desempleo protegiendo contra viento y marea puestos de trabajo que han dejado de ser productivos. No debe protegerse el puesto de trabajo sino al trabajador, ayudándole a formarse y a encontrar un trabajo productivo. Si una empresa produce con 20 trabajadores lo que podría producir con 14, es como si estuviese pagando a seis por no producir nada. Si la empresa no prevé una pronta recuperación de la actividad es absurdo que los mantenga en plantilla. La legislación debe favorecer el ajuste de la estructura productiva en lugar de impedirlo. La sociedad se enriquece cuando las empresas producen lo que demandan los consumidores.

Derribando barreras a la contratación como la altísima indemnización por despido improcedente vigente en España habría más empresas dispuestas a contratar parados. Éstos se beneficiarían de un salario muy superior a 420€, los contribuyentes se ahorrarían los subsidios que tienen que pagar actualmente a esos parados y los consumidores podrían disfrutar de los bienes y servicios que esos nuevos contratados produjesen; pero hay un dogmatismo ideológico muy arraigado que se opondrá radicalmente a una reforma tan necesaria.

En Dinamarca despedir es barato y los parados reciben por largo tiempo ayudas mientras el Estado les ayuda a formarse para encontrar un empleo productivo. El paro es apenas del 3%.

Como dijo un buen economista: comprobado el buen funcionamiento de unas medidas, oponerse a ellas en aras de una falsa moral, de una superstición o de un dogmatismo interno, sólo puede entenderse como una perversión.

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Trichet tiene razón

Antes de 2008 muy poca gente preveía una crisis de tanta magnitud como la que ahora nos acecha . Se sabía que había algún nubarrón en el horizonte pero casi nadie estaba dispuesto a escuchar a los poquísimos aguafiestas que anunciaban el fin de una etapa. El desempleo era bajo, las bolsas estaban cerca de sus máximos históricos, España tenía un superávit importante y presumía de jugar en la Chapions League. ¿Quién iba a dejarse amargar por lo que dijeran unas cuantos agoreros? Los agoreros eran Peter Schiff, Harry Schultz, Francisco García Paramés, Roubini y Santiago Niño entre otros. Este último escribía hace tres años :

"... desencadenarí­a una crisis tremebunda. ¿Cómo de tremebunda?, pues la crisis serí­a de un nivel semejante a la Depresión de los Años Treinta iniciada con el crash de 1929. "

Llevo tiempo siguiendo los análisis de este catedrático. Me llamaba la atención que siguiendo un método muy distinto ( la econometría ) hubiese llegado a unas conclusiones parecidas a las de los economistas de la Escuela Austriaca. Recientemente, sin embargo, me ha descolocado que escribiese esto:

"Lo mejor de la semana pasada: M. Jean-Claude Trichet diciendo el Jueves que el origen de los problemas actuales está en el bajo precio que el dinero tuvo en años pasados: ¡alucinante!. ¡Pero si fue gracias a esos créditos concedidos a mansalva y a un precio bajo que las economías crecieron como crecieron!. ¿Por qué dirá alguien como él cosas como esa cuando sabe mejor que nadie que no son ciertas?"

En realidad sí son ciertas, como han explicado mediante una argumentación de una congruencia lógica impecable los seguidores de Mises. Los tipos de interés estuvieron muy bajos durante mucho tiempo, pero no porque hubiese ahorro abundante que hacía falta colocar a los demandantes de crédito sino porque los planificadores que dirigían los bancos centrales lo consideraron oportuno. Tras los ataques terroristas del 11-S se temía una gran crisis y se decidió mantener bajos los tipos de interés durante un largo periodo para animar la inversión. Sucede sin embargo, que los precios fijados por los planificadores están condenados a fracasar. Los tipos artificialmente bajos ditorsionan la relación entre consumo presente y consumo futuro: desincentivan el ahorro al tiempo que fomentan el consumo y el endeudamiento. El sobreconsumo y el sobreendeudamiento que vivimos estos años efectivamente hizo crecer mucho a la economía pero fue un boom artificialmente inducido que privó de capital líquido al sistema financiero y dio lugar a malas inversiones a gran escala, como pisos a 6.000€ el metro cuadrado. Sin ese bajo precio del dinero los inmuebles no habrían alcanzado esos precios ni los particulares tendrían las deudas tremendas que ahora tienen y que amenazan la supervivencia de muchos bancos. Las burbujas al final acaban estallando porque en algún momento se tiene que restringir el crédito que otorgaban unas entidades cortas de capital líquido debido al poco ahorro y a los muchos créditos otorgados.

La responsabilidad de los bancos centrales en la actual crisis la reconocen también economistas más ortodoxos como Sala-i-Martín que ayer decía en El Mundo: "La crisis (...) viene de malos incentivos en el sistema financiero, de una mala regulación mundial, de un exceso de intervención pública, de Greenspan bajando los tipos a casi cero".

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Ron Paul y Jim Rogers contra Bernanke

Sobre los efectos de la expansión monetaria. Subtítulos en español

Publicado en Youtube en febrero de 2008:




Enero de 2008:




Octubre de 2008




El de Jim Rogers, subtitulado en español aquí

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Ayudas al automóvil: intervencionismo empobrecedor

En una entrada reciente explicábamos cómo, frecuentemente las políticas intervencionistas, al desviar la producción del curso que habría seguido en un mercado libre impiden que cada factor se emplee de la manera más provechosa y consecuentemente restringen la producción y empobrecen al conjunto de la sociedad.

Estos días la actualidad política nos brinda un ejemplo clarísimo de intervencionismo empobrecedor. El gobierno español ha ofrecido ayudas a los fabricantes de automóviles a cambio de que éstos se comprometan a mantener sus plantillas. Otros países occidentales han propuesto medidas parecidas. El sector atraviesa una aguda crisis. Las ventas de vehículos han caído estrepitosamente y por tanto las empresas deben adaptar su producción y sus plantillas al nuevo escenario. En este contexto ¿Qué sentido tiene incentivar a esas empresas para que mantengan sus plantillas? Políticamente puede tener algún sentido, pero económicamente no tiene ninguno. Si antes las empresas para mantener su producción necesitaban una plantilla abundante, pongamos, por poner un ejemplo, 200.000 empleados, y ahora para una producción mucho menor podrían pasar, por ejemplo con 125.000, ¿qué sentido tiene ayudarles a mantener los 200.000? Mantener a 200.000 trabajadores para producir lo que podrían producir 125.000, equivale a pagar a 75.000 trabajadores para que no produzcan nada. Lógicamente así no prospera ningún país. A nadie le gustan los despidos, pero pagar para no producir nada es ruinoso e inútil. Por cada empleo mantenido merced al gasto público, los contribuyentes que han sufragado ese gasto proporcionan un empleo menos en otras empresas. Si se orientan los recursos hacia sectores en declive, no se conseguirá sino perpetuar la recesión. ¿Qué hubiera pasado si cuando empezó a desarrollarse la industria del automóvil los políticos se hubieran empeñado en salvar el empleo de los fabricantes de carros de tracción animal?

Ante estas políticas populistas, hay que reiterar una y otra vez que los factores productivos son siempre escasos, y que aquellos que se empleen para una industria se están dejando de emplear para otra industria alternativa, acaso más eficiente, productiva y enriquecedora. Para que el capital y el trabajo se orienten hacia aquellos sectores donde pueden ser más provechosos hay que dejar que las decisiones económicas prevalezcan sobre las políticas, es decir hay que liberalizar los mercados para que los agentes, sin interferencias políticas, encuentren los usos más rentables para su capital y para su trabajo. Sólo así se reajustará la estructura productiva y se maximizará la producción redundando en beneficio de toda la sociedad. Los empleos que se pierdan en una empresa, si el mercado laboral es suficientemente flexible, se pueden recuperar en otra más eficiente.

A nadie debe extrañarle, después de este ejemplo, que los países que más trabas ponen al libre proceder de los agentes económicos y que más políticas restrictivas de la producción implementan, sean también los más pobres.

La producción es fin; el empleo, únicamente el medio de conseguirla. (Henry Hazlitt)

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Jeremy Rifkin entre las eminencias del PSOE

Desde hace siglos se halla muy extendida la creencia de que los avances tecnológicos incrementan el desempleo. A pesar de ser desmontada en muchas ocasiones, esta equivocada idea sigue muy viva hoy en día. Uno de sus mayores valedores es Jeremy Rifkin, el autor de El Fin del Trabajo, recientemente fichado por el PSOE para colaborar en el diseño de su programa electoral junto a otras eminencias.

A principios del siglo XIX en Inglaterra, surgió un movimiento obrero que protestaba contra la introducción de las máquinas y la generalización del sistema fabril. Los llamados luditas, destruían las máquinas de las fábricas para defender sus puestos de trabajo. En la industria de la fabricación de medias, por ejemplo, en un solo tumulto fueron destruidos más de mil telares. Además se amenazó a sus inventores, que tuvieron que huir para salvar su vida. Aunque en un primer momento miles de obreros fueron desplazados por las máquinas, a finales de ese siglo, la industria de fabricación de medias empleaba, por lo menos, a cien obreros por cada uno de los empleados a principios de siglo. Henry Hazlitt lo explica detalladamente en uno de los capítulos de La economía en una lección.

En la actualidad los neoluditas no se dedican a quemar talleres ni a destruir maquinaria, pero comparten con los luditas del XIX la idea de que los avances tecnológicos destruyen empleos. En una entrevista de hace dos años Rifkin declaraba: El desempleo se debe al avance de la tecnología, que elimina empleos que pueden ser sustituidos por máquinas. Es algo que lleva sucediendo desde que empezó la Revolución Industrial. (... ) La semana de 35 horas no es la razón del desempleo. La causa del desempleo es la sustitución de trabajadores por la tecnología. Y eso pasa en todo el mundo.

Su análisis es muy simple. Si una máquina puede hacer el trabajo que antes hacían treinta hombres. A medida que vayan introduciéndose esas máquinas irá aumentando el desempleo. Para evitar que éste se dispare, proponen repartir el trabajo limitando la jornada laboral. Rifkin está considerado como el principal ideólogo de la fracasada medida de reducir la jornada a 35 horas.

El buen economista, sin embargo, no debe quedarse en las consecuencias inmediatas de una medida. Los avances tecnológicos pueden en primera instancia destruir algunos empleos, pero también permiten aumentar la productividad enormemente. Hoy en cualquier país desarrollado menos de un 5% de la población se dedica a la agricultura y produce mucho más de lo que producía la población agraria de hace un siglo, que representaba más de un 80% del total. Los avances tecnológicos han multiplicado la producción en este y otros sectores y el desempleo no es un problema donde hay mercados laborales libres. Gracias a la tecnología la producción ha aumentado espectacularmente, lo que ha abaratado los precios de los productos y ha hecho posible que una hora de trabajo en la actualidad tenga un valor aproximadamente 25 veces superior en relación al de mediados del siglo XIX. La mano de obra que la tecnología ha liberado del sector agrícola, ahora puede dedicarse a producir muebles, a conducir taxis, o a fabricar televisores, automóviles u ordenadores para nosotros. Hace un siglo nadie demandaba muchas cosas que ahora nos parecen imprescindibles. Los frigoríficos eran un lujo sólo al alcance de unos pocos ricos hace unos cincuenta años en España. También lo fueron en su momento los coches o el irse de vacaciones al extranjero. Mientras haya demandas humanas insatisfechas que el trabajo pueda satisfacer, el desempleo será muy bajo en los mercados laborales libres. La causa del desempleo no es el avance tecnológico sino la rigidez de los mercados laborales. Cuando unas demandas hayan sido satisfechas aparecerán otras nuevas, porque está en la naturaleza humana reclamar cada vez más comodidades, más servicios, más productos. Y está en manos del libre mercado el proporcionarlos. Los viajes espaciales ahora nos parecen un lujo para multimillonarios excéntricos, como lo era hace siglos el irse de vacaciones, pero quizá para nuestros nietos sea algo tan común como irse en autocar a Andorra. ¿ Quién se imaginaba hace cien años que todos íbamos a demandar ordenadores o segundas residencias ?

No tiene ningún sentido repartir el empleo, porque éste no es una constante. Para que uno trabaje más no es necesario que otro trabaje menos. El fin del trabajo no debe preocuparnos porque siempre habrá demandas por satisfacer. Cuando la tecnología haga posible que una máquina multiplique la producción de un bien por cinco con la mitad de trabajadores, esos trabajadores podrán dedicarse a producir nuevos bienes y servicios para nosotros. Y el abaratamiento de los productos que en un mercado libre y competitivo logran los avances tecnológicos, hará que tengamos más dinero para gastar en otras cosas y demandemos servicios que antes no podíamos permitirnos, como un profesor particular de francés o un viaje guiado a Tanzania.

Rifkin y el PSOE están equivocados. Ignoremos sus absurdas propuestas y trabajemos por un mundo más libre y próspero.

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De Bastiat a Montilla

Es tan verdadero que la propiedad es anterior a la ley que ella es reconocida incluso entre los salvajes que no tienen leyes o al menos leyes escritas. Cuando un salvaje ha consagrado su trabajo a construirse una choza, nadie le disputa la posesión o la propiedad. Sin duda otro salvaje más vigoroso podría arrojarlo, pero no lo haría sin indignar y alarmar a toda la tribu entera. Es incluso este abuso de la fuerza lo que hace nacer a la asociación, a la convención, a la ley, que pone la fuerza pública al servicio de la propiedad.

Esto lo escribía en el siglo XIX el economista francés Frédéric Bastiat. Ni siquiera entre salvajes concebía que se tolerase que alguien pudiese apropiarse una vivienda ajena

En la progresista Cataluña del siglo XXI, se ha llegado a tal nivel de salvajismo institucional, que a partir de ahora algunos propietarios no podrán hacer con sus viviendas lo que consideren más oportuno y podrán ser obligados por la Generalitat a alquilar viviendas que mantengan desocupadas.

Uno, después de una vida de trabajo, esfuerzo, sacrificio y ahorro, decide destinar el dinero que ha ganado en buena lid a comprarse un piso adicional y luego no puede hacer con él lo que estime más oportuno. Los líderes progresistas decidirán qué se hace con su piso.

Socialismo, comunismo, colectivismo, fascismo: el Estado puede tomar lo que quiera del individuo. Todo es sacrificable en el altar del bien social porque el hombre es un mero instrumento al servicio de una causa superior. A este punto hemos llegado. Y el resto de la tribu ni se indigna ni se alarma. No era difícil de prever para quienes hemos visto cómo el encargado de informar del tráfico en TV3, un tal Espartac, decía en una tertulia que afortunadamente hay gente que trabaja por la okupación. O cómo en los informativos de esa cadena se trataba a los okupas como a jóvenes comprometidos víctimas de la sociedad capitalista. Después de cada desalojo salían haciéndose las víctimas y lamentando que no podrían seguir llevando a cabo sus magníficas actividades sociales. Muy raramente nos mostraban al propietario explicando el daño que le habían causado.

La medida no tendrá apenas efecto porque en el país de la picaresca no será difícil encontrar el modo de burlarla. No es muy difícil simular un alquiler. Los pisos seguirán sin salir al mercado porque siguen sin darse las condiciones legales propicias para ello. Sólo unas clases dirigentes absolutamente incapacitadas para entender el mundo en el que viven pueden ignorarlo. Pero no por ineficaz deja de ser una norma temible, porque como también decía Bastiat una vez que se pone como principio que el legislador está encargado de arreglar, combinar y modelar a su agrado las personas y las propiedades, no hay límites a los modos imaginables según los cuales las personas y las propiedades podrían ser arregladas, combinadas y moldeadas. Según él, la ley nace del derecho individual a la defensa: si es legítmo que cada uno defienda su propiedad y su libertad, también lo es que la fuerza pública lo haga, pero no aplicar esa fuerza común para destruirlas.

Estimulando la demanda para solucionar la escasez

Así pretende el Ministerio de Vivienda paliar la escasez de viviendas para alquilar. Con ayudas de 210€ al mes para jóvenes de entre 22 y 30 años. Es decir, estimulando la demanda. Si hay poca oferta para tanta demanda, fomentemos más aún la demanda. Ése es el razonamiento de los responsables del Ministerio.

El propósito de la economía es administrar del mejor modo posible la escasez de recursos. Uno de los muchos bienes que escasean son los pisos de alquiler. El buen economista ante este problema tratará de averiguar cuáles son las causas que impiden que no se puedan ofrecer todos los pisos que se demandan. Qué limitaciones hay en los factores productivos y cómo se pueden superar de modo que puedan salir al mercado más viviendas. Porque la escasez se soluciona produciendo más. Y sacando al mercado esa producción. Los que proponen más dinero para los demandantes, parecen ignorar que lo que impide que haya más viviendas alquiladas es la escasez de viviendas ofrecidas en el mercado, y no la escasez de medios de pago, porque la sociedad no puede alquilar el doble de viviendas que antes si esas viviendas no se ofrecen primero en el mercado.

Como consecuencia de estas ayudas habrá más gente que demande un piso de alquiler. Por tanto los propietarios podrán exigir más dinero a cambio de sus pisos. Por un piso que antes cobraban a 800€, probablemente encuentren ahora a alguien que ofrezca 950€, y por tanto no lo alquilarán por menos de ese precio. Los verdaderos beneficiarios de estas ayudas serán los propietarios que ya ofrecían sus viviendas en el mercado. A los jóvenes que reciban las ayudas, éstas no les arreglarán la vida; pero en cambio los demandantes de pisos que no puedan acogerse a ellas sufrirán un grave perjuicio por el alza de los precios, que se será inevitable dado que al ignorarse la causa de que no salgan al mercado los miles de pisos que hay vacíos, así permanecerán.

La verdadera solución sería sacar al mercado estos pisos. Pero las medidas populistas son más rentables en las urnas.

Mientras no haya verdadera seguridad jurídica, mientras el funcionamiento de la administración de Justicia sea nefasto, y los propietarios no pueden defenderse de los inquilinos morosos, mientras haya impunidad para los que incumplen los contratos, escasearán las viviendas de alquiler.

¿ Sobreoferta inmobiliaria ?

Publica El Confidencial hoy martes esta noticia firmada por Carlos Sánchez. Nos explican que Ruiz Gallardón autoriza la construcción de 180.000 viviendas en “ plena sobreoferta inmobiliaria “. Se trata de una cifra verdaderamente descomunal, nos cuentan, ya que en estos momentos hay " una crisis de sobreoferta en el mercado inmobiliario ".

Los precios de los pisos han subido en los últimos años nada menos que un 150%. Los analistas y supuestos expertos llevan desde el año 2.000 diciendo que el precio de la vivienda había tocado techo, que era una locura, que no podían subir más, que pronto iban a dejar de crecer y que estallaría la famosa burbuja inmobiliaria. Sin embargo desde ese año los pisos han subido a un ritmo de entre un 12 y un 15% anual. Después de tantos años de crecimiento desaforado, parece que finalmente ha llegado la tan anunciada desaceleración. En algunas zonas incluso los precios han bajado entre un 5 y un 10%. ¿ Significa eso que haya sobreoferta ? Significa que hay sobreoferta para el nivel de precios actual. A un nivel de precios más bajos dejaría de haberla porque habría más gente dispuesta a pagar los nuevos precios. No es que sobren las viviendas y sea absurdo construir más porque todo el mundo tiene satisfecha su necesidad de vivienda. Sino que los precios, debido a la intervención política, han alcanzado unos niveles estratosféricos y la gente ya no puede pagarlos, pero sigue demandando viviendas. Las necesidades de hogar de muchos españoles siguen insatisfechas. Es sabido que la dificultad de acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles. Muchos tienen que hipotecarse 30, 40 o más años para poder pagar su vivienda. La mayoría no puede independizarse hasta cerca de los 30 por el mismo motivo. Los que optan por el alquiler tienen a su vez enormes dificultades.

En este contexto ¿ Es mala la supuesta sobreoferta ? Para algunos sí, desde luego, por ejemplo para especuladores y bancos, pero no para los que tratan de acceder a la vivienda.

En cualquier caso, el cometido de Gallardón no es equilibrar la oferta y la demanda de viviendas. Eso lo harán demandantes y ofertantes a través de los precios. Si los promotores creen que construir 180.000 viviendas más en Madrid es desequilibrar el mercado, que no lo hagan. Nadie les obliga a hacerlo. Afortunadamente hay pluralidad de promotores. Si hubiera un monopolista, seguramente restringiría la oferta para mantener los precios. Como dijo alguien, la base de un mercado sano es competencia, competencia y más competencia.

No hay nada más perjudicial para el conjunto de los consumidores que restringir la producción. Como sabía Henry Hazlitt nunca será solución reducir arbitrariamente la oferta, a pesar de que esto es lo que se ha tratado de hacer, en diferentes mercados, una y otra vez mediante las barreras aduaneras, la destrucción de la maquinaria, la quema de café y otros mil métodos restrictivos de la producción y del intercambio comercial. Esta es la insensata doctrina de pretender enriquecerse a través de la escasez.

Gallardón hace la correcto. ¡ Viva la sobreoferta !

Cerremos el Ministerio de Vivienda

Carme Chacón quiere hacernos creer, y no hay que descartar que ella misma se lo crea, que la reciente desaceleración en el precio de los pisos se debe a que los socialistas salieron elegidos en las últimas elecciones. Lo comenta Jorge Valín en su última columna.

Hállase muy extendida la extraña creencia según la cual el problema de la vivienda en España se debe a que los políticos no han intervenido suficientemente en el mercado. Mucha gente reclama más intervencionismo para frenar el alza de los precios. Otros directamente piden que se deje la vivienda fuera del mercado.

El Ministerio de la Vivienda no solucionará el problema. Ni tiene competencias ni fue creado para ello. Las competencias están en manos de otras administraciones y fue creado para aparentar que se hace algo para solucionar un problema que han creado los políticos restringiendo la oferta de suelo edificable. Porque la escasez de suelo es totalmente artificial. El suelo es abundante en un país cuya superficie urbanizada equivale a la superficie de la provincia de Valladolid. En un mercado libre, un recurso abundante no tendría por qué ser caro. Pero éste no es en absoluto un mercado libre. Es un mercado altamente intervenido, donde las administraciones locales, cuya principal fuente de financiación es la venta de suelo, tienen en sus manos la capacidad para restringir la oferta de suelo edificable, y en consecuencia encarecerlo, según su conveniencia.

En siete años España ha pasado de tener 40 a 45 millones de habitantes. La demanda de pisos ha sido altísima, además porque se calcula que un millón de europeos pretenden adquirir una vivienda en la costa española. En estos últimos años el precio de los pisos se ha encarecido un 150%. ¿ Qué otro resultado cabría esperar en un mercado donde, estando desbocada la demanda, la oferta está estrangulada por los principales interesados en mantener caro el precio del suelo ?

El Ministerio de la Vivienda está bien para promocionar la carrera política de Carme Chacón, pero no para resolver ningún problema a los españoles. El único intento serio que se hizo para liberalizar el suelo, fue echado abajo por los tribunales. Ya que en estas condiciones, nadie solucionará el problema, ahorrémonos al menos lo que nos cuesta el Ministerio. Cerrémoslo.

A quién benefician las regulaciones

Recientemente se ha conocido que el mexicano Carlos Slim ha desbancado a Bill Gates como hombre más rico del mundo. Su fortuna se estima en unos 68.000 millones de dólares. Al enterarme no he podido evitar acordarme de las palabras de George Stigler:

Los consumidores, especialmente los modestos, no tienen nada que ganar con la reglamentación de la economía, que destruye la eficiencia. La mayor parte de las regulaciones han sido introducidas a solicitud de los grupos de productores, el más importante de los cuales es la comunidad empresarial (...) Empresarios y ejecutivos integran la clase de elite de cualquier sociedad moderna, y su poder es tal que resulta imposible creer que haya podido darse una intervención pública tan amplia en la economía sin su consentimiento y, más aún, sin su complicidad (...) La comunidad empresarial obtiene hoy más favores públicos que los que nunca recibió en el pasado, de modo que los economistas honestos se enfrentan a un problema embarazoso cuando intentan trabajar en pro de una sociedad más libre y más liberal: la comunidad empresarial no desea liberarse de la intervención pública en absoluto.

¿ Por qué tenía tanto interés Slim en que ganara las elecciones el ultrapopulista López Obrador ? ¿ Porque quería ayudar a los pobres y creía que las propuestas autarquistas de López Obrador eran lo mejor para ellos ? ¿ O más bien porque esperaba que sus regulaciones y su rechazo al libre comercio fortaleciesen su posición de dominio en el mercado mexicano al obstaculizar la competencia exterior ?

Está claro que el consumidor no tiene nada que ganar con el proteccionismo. Los aranceles, ciertamente benefician a algunos sectores de la población, pero lo hacen a expensas de todos los demás. Adam Smith lo tenía muy claro hace más de dos siglos: En todos los países el interés de la inmensa mayoría de la población es y debe ser siempre comprar lo que necesite a quien venda más barato. El supuesto es tan evidente que esforzarnos en demostrarlo podría parecer ridículo; nunca habría sido puesto en duda si las interesadas falacias de mercaderes y fabricantes no hubieran perturbado el sentido común de la humanidad.